Presentan un proyecto de ley para aumentar la protección de los bosques nativos
La iniciativa de la diputada Fernanda Vallejos establece un régimen sancionatorio, a partir de modificaciones al Código Penal. Fija penas de entre dos y diez años de prisión y multa para quienes violen la normativa.
En un año 2020 signado por los incendios rurales y forestales, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para contribuir a la protección de los bosques nativos en todo el territorio nacional. En el proyecto se indica que las actuales multas por la deforestación de bosques nativos destruidos o desmontados ilegalmente “no resultaron suficientes” para preservar estos ecosistemas.
La iniciativa busca establecer modificaciones al Código Penal, incorporando el artículo 186 bis, para disponer un régimen sancionatorio contra el incumplimiento de las leyes que apuntan a impedir la eliminación de la vegetación mediante el uso irresponsable del fuego.
El proyecto, que dialoga con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con la Ley General del Ambiente (Ley 25675), fija penas de entre dos y diez años de prisión y multa para quienes violen las leyes anteriormente mencionadas, de forma intencional y ocasionando “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”.
Si hubiera peligro para la vida, el máximo de pena será de doce años. Si se produjera la muerte de una o más personas, el máximo de pena será de veinticinco años de prisión. A su vez, las sanciones son aún más severas en los casos en los que sean funcionarios públicos quienes estén implicados en este delito.
Además, establece una serie de agravantes de la pena. Por caso, ante la reincidencia en los delitos de naturaleza ambiental, o cuando del hecho resulte la disminución de aguas naturales, o graves efectos erosivos en el suelo, o la modificación del régimen climático. También, cuando del hecho resulten afectados bienes de propiedad de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores. Ante estas situaciones, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.
Por otro lado, la iniciativa desarrolla una serie de penas para personas jurídicas privadas, como la cancelación de la personería jurídica o la suspensión total o parcial de sus actividades, entre otras.
