Piden la recusación de la jueza Ada Zunino

El abogado defensor de tres de los docentes detenidos pidió el apartamiento de la magistrada pro pena de muerte en la causa por desobediencia judicial.

Álvaro Arias Camacho, abogado defensor de Fanny Quiroga, María Cristina Aparicio y Gustavo Nicolás José, tres de los 20 docentes detenidos, pidió ayer el apartamiento de Zunino en esta causa por desobediencia judicial seguida contra docentes que participan de las medidas de fuerza que se vienen llevando a cabo en Salta desde hace cuatro semanas.

La recusación es por “adelantamiento de juicio”, por las declaraciones que vrealizó el pasado 30 de mayo en una entrevista en CNN Radio. Allí, la magistrada aseguró: “No hubo represión, cometieron un delito, y ser docente no te da la patente de impunidad”. “(Si) vos sos un dirigente social, un autoconvocado, y tenés la valentía de tomar una ciudad, de secuestrar a todos sus habitantes, tené la valentía de asumir y reflexionar que no estuviste bien y que no lo podés volver a hacer. Y que cometió un delito, y que se te advirtió ¿y por qué no te voy a detener? (…)  Qué, hay un halo de impunidad, todo vale, lo que sea. De ninguna manera”, aseguró.

Para el abogado, estas declaraciones “significan claramente un adelantamiento de juicio sobre la causa y, sin lugar a dudas, una evidente manifestación extrajudicial de su opinión sobre la causa”, Recordó que la jueza “todavía debe entender y tomar decisiones” en este trámite judicial.

“La última palabra en relación a si, en determinados hechos y circunstancias, se ha configurado o no un delito, corresponde a una sentencia emitida por el tribunal competente y luego de un debido proceso”, recordó también Arias Camacho. En cambio, la jueza ya decidió que las y los docentes encausados han cometido delitos.

El defensor reprochó que la magistrada se aparte del lugar de imparcialidad que le corresponde en la causa, en el que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las garantías procesales y en el que “la pretensión punitiva corresponde al Ministerio Público Fiscal. Como puede observarse, la señora jueza, saliéndose de su rol neutral e imparcial declara directamente que los imputados han cometido un delito (cuando todavía estamos en una etapa inicial del proceso y donde cada uno de los encausados conserva su status de inocencia) y defiende el accionar policial, asumiendo un rol que en todo caso podría haber tomado un fiscal o un querellante, pero nunca un juez de Garantías”, sostuvo el abogado.

El defensor también destacó que en “un contexto tan caldeado” y en el «estado de angustia en el que se encuentran mis defendidos y muchos otros docentes de la Provincia, las declaraciones de la judicante significaron una verdadera provocación (con una evidente repercusión social) y toda pérdida de credibilidad en su imparcialidad respecto de la presente causa, agitando los ánimos de gran parte de la ciudadanía y especialmente de mis defendidos, quienes aún están sujetos a un proceso judicial”.

Y agregó: «Al aseverar que no hubo represión policial y que hubo delito y al manifestar que ser docente no da patente de impunidad, la magistrada está claramente adelantando su opinión sobre la culpabilidad de los imputados en esta causa. Y al decir que los autoconvocados tomaron una ciudad y secuestraron a sus habitantes (…), se le atribuye un carácter criminal a todo su proceder, evidenciándose una clara criminalización del accionar de todas y todos los docentes que intervinieron en las manifestaciones”, dijo.

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