Orán: en vez de soluciones, el Gobierno volvió a mandar policías
La ciudad norteña amaneció con una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, luego de que la asamblea de vecinos volviera a rechazar un acuerdo con el Gobierno por el tarifazo.
El Gobierno que encabeza Gustavo Sáenz puso en marcha el protocolo antipiquetes en Orán, luego de que la asamblea de esa localidad rechazara un acuerdo con el Ejecutivo. Los integrantes tuvieron una reunión con funcionarios provinciales, al tiempo que se montaba un operativo al costado de la ruta 50. Sáenz vuelve a elegir palos por sobre diálogo y soluciones.
Los vecinos autoconvocados se encuentran acampando frente a las oficinas de Edesa, luego de que les llegara las boletas con un inexplicable y excesivo tarifazo en enero.
Los referentes del acampe fueron invitados a dialogar -supuestamente- sobre el tarifazo. Sin embargo, según relató Rubén Tolay, uno de los referentes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra el tarifazo de Edesa de Orán, cuando llegaron a la reunión en Salta “nos dimos con que el gobierno ya tenía un acta acuerdo escrita, lista para que nosotros firmemos. Debíamos aceptar los términos de la resolución 192 que reglamentó la tarifa para zona cálida, y además nos comprometíamos a finalizar el acampe. La reunión se suspendió porque nosotros viajamos para negociar, no para firmar un acta que fue escrita de manera unilateral, igual que la resolución que reglamentó la bonificación del 30 y 50 por ciento”, explicó el referente.
Cuando volvieron a Orán en la madrugada del viernes, unos 400 efectivos policiales se habían apostado al costado de la ruta y en inmediaciones de las oficias de Edesa en Orán, lugar adonde acampan los vecinos.
Sin información oficial sobre ese encuentro, los referentes solamente identificaron en la reunión del jueves al gerente de Usuarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), Pedro de los Ríos.
“Nos pareció una burla, porque ellos manejan los tiempos. El tarifazo sigue plenamente vigente”, dijeron los vecinos a Salta/12. “Nos reunimos con una persona que no tiene capacidad de decisión en el tema. Si él representa a los usuarios, debería estar de nuestro lado, pero estuvo hablando como accionista de la empresa”, resaltaron.
Para los integrantes de la Asamblea, la reunión con el Gobierno se trató de “un ultimátum y una pantomima para los vecinos para decirnos ‘nosotros los llamamos a dialogar y ustedes no quieren arreglar entonces le mandamos la represión’”. Otra vez Gustavo Sáenz elige palos para los vecinos, en vez del diálogo.
