Martinelli: “Se está negando la posibilidad de que en Salta exista la protesta”
El reconocido abogado y ex diputado, mostró su preocupación por el proyecto que limita los derechos de los salteños. “Se busca cancelar el derecho a peticionar”, dijo.
La iniciativa del oficialismo provincial que busca “regular” la protesta en Salta despertó el rechazo de un amplio sector de la sociedad, Uno de los que levantó la voz fue Guillermo Martinelli, un reconocido hombre de leyes y diputado provincial mandato cumplido. “Se está negando la posibilidad de que en Salta exista la protesta”, señaló.
“A pesar de que el proyecto fue presentado hace varios meses, el proyecto fue presentado después de la visita del ministro Ricardo Villada a la Cámara y se trató sobre tablas, es decir, que no se debatió en comisiones. Muchos diputados no tenían conocimiento del texto”, dijo el dirigente, en diálogo con el programa Contacto Estrecho, que se emite por Radio Salta.
“Es sorprendente lo que plantea el proyecto: hablan de pacificación porque entienden que a la protesta como un acto de guerra. El proyecto va en contra de los artículos 23 y 25 de la Constitución provincial, donde se establece el derecho de expresión, de reunión y a peticionar de las personas”, aseguró.
Para Martinelli, el texto, tal cual está redactado, “le niega al sector de educación y el de salud la protesta, porque habla de que se debe garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. Y lo hacen justo cuando estos dos sectores están en conflicto”.
Otro de los puntos que preocupan al ex diputado, tiene que ver con el presunto “permiso” para realizar protestas, con 24 horas de anticipación y con garantía de quienes la organicen. “Si esto no está garantizado, la Policía no va a permitir la manifestación. Se está negando la posibilidad de que en Salta exista la protesta, porque no se trata de conciliar derechos, si no que haya derechos plenos”.
Según Martinelli, “este proyecto es muy difícil de sostener, lo que demuestra la fragilidad de este Gobierno, que busca a través de una herramienta supuesta legal, cancelar el derecho a peticionar en la provincia. Esto es muy grave y no le veíamos desde la dictadura”, finalizó.
