Investigan si el CIF se quedó irregularmente con 50 dosis de vacunas Sputnik V
El procurador general de la provincia empezó a investigar un posible acceso irregular a las vacunas por parte del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Sería otro caso de «vacunatorio VIP» en Salta.
Abel Cornejo, procurador general de la provincia, dispuso la apertura de actuaciones administrativas para establecer responsabilidades en torno a la tramitación de 50 dosis de vacunas Sputnik V, las cuales habrían sido aplicadas a la misma cantidad de personas en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tal gestión no fue informada a las autoridades del Ministerio Público Fiscal ni del Servicio Médico del Ministerio Público.
El Procurador ordenó las actuaciones sumarias al tomar conocimiento de que aproximadamente hace un mes y dentro del ámbito del CIF, se habría dispuesto, sin conocimiento de la Procuración General ni de su Coordinación General, pero tampoco del Servicio Médico del Ministerio Público; la tramitación ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de 50 dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19. Las dosis habrían sido recibidas por igual cantidad de personas, integrantes de una lista elaborada dentro del ámbito del CIF.
La medida generó sorpresa y desagrado en el ámbito de la Procuración, atento a que además de las posibles irregularidades en el acceso a las vacunas, la situación revistió falta de solidaridad y equidad de quienes decidieron avanzar en el acceso a las dosis y su disposición final, al no haber contado con una opinión médica objetiva sobre el listado de personas con prioridades que debían administrarse la vacuna Sputnik V y el orden que debía seguirse.
Cornejo consideró que pudieron advertirse “prima facie”, irregularidades en orden a lo violación de distintas normativas vigentes, lo que justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de instancias disciplinarias internas “especialmente cuando es de dominio público que todavía, la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”.
Las actuaciones administrativas tienen el objeto de deslindar responsabilidades, determinar la vía de acceso a las dosis y la tramitación del pedido, como así también los criterios adoptados para la confección de la lista, habida cuenta que el Servicio Médico del Ministerio Público, no fue consultado.
