Insólito: lo imputaron por pedir justicia por la muerte de su hija
El padre y la tía de Luján Peñalva, por orden de Abel Cornejo, fueron imputados por «amenazas y desobediencia civil». La acusación señala que los Peñalva tienen «una conducta intimidante» en redes sociales y en manifestaciones a la Ciudad Judicial.
La Justicia salteña fue protagonista ayer de un nuevo bochorno: por instrucciones del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal penal 1, Juan Marcos Ezequiel Molinati, formalizó la imputación provisional contra Gustavo Peñalva y su hermana, acusados por los delitos de «amenazas, desobediencia judicial y atentado a la autoridad, en concurso real».
Durante la audiencia de imputación, Gustavo Peñalva, asistido por su defensa particular, se abstuvo de declarar. Su hermana, en tanto, se encuentra fuera del país. La acusación penal, cabe señalar, recayó días después de que el mismo fiscal pidiera una medida cautelar para restringir el derecho de protesta de los, ahora acusados, en la Ciudad Judicial.
Según el decreto de imputación, los acusados desplegaron una conducta intimidante contra magistrados, al realizar manifestaciones públicas y posteos en redes sociales de manera reiterada, consistentes en el anuncio de un mal grave y futuro en perjuicio de funcionarios judiciales, con la finalidad de provocarles temor, por lo que atentaron contra su libertad e incumplieron con una resolución judicial dictada oportunamente por la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, quien hizo lugar a la medida cautelar de restricción contra ambos.
Molinati arribó a esta conclusión a partir del análisis de las redes sociales de los acusados. Mencionó que una publicación, perteneciente a la cuenta en Facebook de Marisa Peñalva, reza “Pronto se vienen dos (seguida de la imagen de dos bombas) contra la corrupción judicial de Salta”.
Sostuvo que esta publicación, vinculada a las autoridades judiciales referenciadas en las distintas manifestaciones, anuncia un mal futuro que es posible, impuesto y determinado, con la finalidad de causar inquietud o miedo en los magistrados. Agregó que, por el lugar de trabajo compartido y modalidad del evento amenazante, se extiende a todas las demás personas que asisten a la Ciudad Judicial, tanto funcionarios y empleados como particulares.
Resaltó que debe tenerse presente que las manifestaciones y escraches fueron realizados tanto en la puerta como ocasionalmente en predios de la Ciudad Judicial, lo que tornaría la amenaza más peligrosa aún, en caso de concretarse.
