¡Hola Inadi!: El asesinato de Nahuel Vilte evidenció miradas xenófobas en la dirigencia salteña

A raíz del crimen y la detención de un joven, ministros y secretarios recayeron sobre el acusado por su condición de extranjero.

Nahuel Vilte fue asesinado de manera cruenta la madrugada del domingo en el parque San Martín. Su asesinato evidenció la ausencia de un marco regulatorio legal en los espacios verdes de la ciudad, el crecimiento del trabajo ilegal como consecuencia de la pobreza imperante en la provincia, pero sobre todo una mirada racista por parte de la dirigencia política local.

Aunque los testigos relatan la presencia de varias personas en el crimen, la Policía solo detuvo a un joven de 21 y una adolescente de 17 años por el crimen. A raíz de lo sucedido, el fiscal Leandro Flores imputó a Rafael Falcón Barreto como autor de los delitos de homicidio simple agravado por la participación de un menor en perjuicio de Axel Nahuel Vilte Martínez, en concurso real con el delito de lesiones leves en perjuicio de una hermana del fallecido. Y a la menor de 17 años se la imputó como autora del delito de homicidio simple.

Horas después de su detención, las autoridades judiciales informaron que Falcón Barreto nació en Venezuela y desde hace un tiempo se había instalado en Salta. Luego que se conociera ese dato, los discursos xenófobos de la dirigencia empezaron a resonar.

“Muchos hermanos salteños viven una realidad complicada por mucha presencia de gente que viene de otros países, que muchos de ellos cruzan de manera ilegal”, dijo el ministro de Gobierno Ricardo Villada y destacó que como consecuencia de esto “muchas veces el gobernador (Gustavo Sáenz) ha pedido al Gobierno nacional mayor control en la frontera”.

En una entrevista, el funcionario saencista remarcó que en reiteradas oportunidades pidieron a la Nación que intervenga “para frenar el ingreso ilegal en nuestras fronteras”. “El gobernador pidió que intervenga el ejército en la frontera. Nos envían dotaciones de carácter temporal, pero nosotros necesitamos mayor infraestructura de carácter permanente”, sostuvo.

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Frida Fonseca, tuvo declaraciones similares en relación a los hechos y anunció que a partir de ahora se pedirá certificado de antecedentes penales a todas las personas que deseen trabajar en la vía pública con puestos ambulantes.

Ante estas construcciones colectivas, el titular del Inadi en Salta, Gustavo Farquharson, llamó a la sociedad a reflexionar y pidió que no se criminalice a la comunidad venezolana en Salta. “Lo que lo hace caer en un delito no es su condición de migrante o su nacionalidad o su religión, no su condición de pobre”, explicó.

Farquharson detalló que uno de los grandes motivos de discriminación en nuestro país es la condición de migrantes a pesar de la sanción de la Ley Nacional de Migraciones (N.° 25.871) que incorporó, en el año 2003, una concepción novedosa, progresiva e inclusiva de la política migratoria, que se sustenta sobre dos pilares: el reconocimiento de la migración como un derecho humano y la incorporación de una perspectiva regional en la normativa migratoria nacional.

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