Escándalo en Tartagal: ordenan la detención de la defensora oficial, Rosa Díaz
La defensora oficial de esa ciudad tiene una nueva imputación. Será investigada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Antes, junto a su hermana Paola, concejal de la UCR, se quedaron con donaciones que eran destinadas a pueblos originarios.
La defensora oficial Civil Nº 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el fiscal Pablo Cabot por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora. En febrero, Díaz, junto a su hermana Paola, concejal de la UCR y una de las dirigentas cercanas al intendente Mario Mimessi, se quedaron con donaciones que llegaron desde distintos puntos del país para ser entregadas a comunidades originarias de la zona y eran retenidas por las hermanas para vender algunas y ser utilizadas en la campaña electoral.
La imputación se da a partir de la intervención de la Fiscalía Penal Nº 1 originadas en las actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia de Salta. Dichas actuaciones se basaron en la denuncia hecha por el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia, en relación a diversos hechos detectados en el ámbito de la Defensoría Oficial Civil Nº 1, del Distrito Judicial Tartagal.
En esa presentación, García Castiella atribuyó a Díaz la presunta comisión de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. De allí surgió la reiteración de situaciones penalmente relevantes, y encuadrables prima facie en el tipo penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando se advirtió una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio, y en otros casos, de un sensible abandono e inacción que se tradujo en una ausencia de respuesta a sus asistidos.
García Castiella reseñó 150 casos en un listado parcial, ya que el general es de 262, con la descripción de los hechos, su estado y demás información. De los 150 casos de abandono por parte de la defensora Díaz, el fiscal Cabot puntualizó sobre 29, en los que se advierte la inacción en distintas situaciones de gravedad, tales como la falta de respuesta al pedido que una mujer realizó en 2018, para que se inicie un proceso judicial para obtener el cuidado personal unilateral de su hija menor de edad y la supresión del apellido paterno, porque la niña fue víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico.
Llama la atención el caso en el que Díaz ignoró en 2016, el pedido de un integrante de una comunidad originaria que intentó iniciar trámites para la tutela de sus sobrinas huérfanas ante el fallecimiento de su madre, ocurrida en condiciones de extrema pobreza. Por la inacción de Díaz, el hombre no pudo acceder a una asignación, subsidio o plan nacional para solventar el cuidado de los niños.
Quedó en claro que Díaz no inició o postergó casos de cuidado personal, peticiones de guardas judiciales, tutelas, casos de restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos de alimentos o ejecución de alimentos ya regulados, interdictos de recuperar la posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimientos y defunciones, rectificaciones de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias, casos de filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos, cambios de apellidos y homologaciones. En todos los casos, se contaba con el poder otorgado por el asistido y con la totalidad de la documentación requerida.
Entorpecimiento
El juez Aramayo consideró acreditado el peligro de entorpecimiento, de acuerdo a los argumentos del fiscal y coincidió en lo sostenido por Cabot, quien expresó que Díaz puede hacer valer las relaciones de amistad o interés surgidas a partir del cargo que desempeña, con la finalidad de obtener favores personales por parte de otro y en consecuencia, entorpecer la investigación.
Vale recordar que Díaz, junto a su hermana Paola fueron imputadas por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras. Paola es vicepresidenta tercera del Concejo Deliberante de Tartagal y una de las personas más cercanas al intendente Mario Mimessi.
Según varios testigos, Paola Díaz tenía planeado competir como candidata a diputada provincial y tenía el aval del jefe comunal. Para ello se había quedado con las donaciones que, solidariamente, miles de personas enviaron a una fundación.
