Escándalo en Salta: media sanción a un proyecto para “regular” la protesta social
En el medio del conflicto con docentes y trabajadores de la salud, la Cámara de Diputados aprobó anoche la polémica iniciativa que fue tratado sobre tablas y ante la sorpresa de los legisladores.
Un nuevo atropello institucional se perpetró anoche por parte del oficialismo provincial. Esta vez fue en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó, a las apuradas, un proyecto presentado varios meses atrás que busca regular las protestas sociales en Salta. Todo esto en medio del conflicto con los docentes autoconvocados, lo que generó el rechazo de algunos legisladores incluso del oficialismo.
El polémico proyecto había sido presentado a principio de 2022, y las autoras son Socorro Villamayor y la ahora oficialista Cristina Fiore, una de las personas más críticas con el gobernador Gustavo Sáenz.
En su discurso, el titular del cuerpo, Esteban Amat, reconoció que fue él quien tomó la decisión de tratar en este momento la iniciativa, cuando el conflicto con docentes y trabajadores de la salud está más candente que nunca.
De acuerdo al artículo 1 del proyecto, su objetivo es “conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza”.
Insólitamente, el texto señala que antes de iniciar alguna protesta o manifestación pública, “debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo, o ante la autoridad que regule la norma”.
En la notificación, “debe quedar asentado el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo estimado de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, y los responsables u organizadores de la protesta”.
La autoridad reguladora “deberá arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos», de libre circulación y de expresión, principalmente”.
La iniciativa fue aprobada con 31 votos afirmativos de un sector del oficialismo. Lo novedoso fue que hubo 22 abstenciones de legisladores de todo el arco representado en la Cámara: Roque Cornejo, Sofía Sierra, Daniel Sansone, Ana Laura Córdoba, Gustavo Orozco, Matías Monteagudo, Pablo Gómez, Bernardo Biella, Ernesto Guanca, Alejandra Navarro, Fabio López, Santiago Vargas, Franco Hernández, Marcela Leguina, Nancy Jaime, Azucena Salva, Javier Paz, David Leiva, Julieta Perdigón, Adrián Valenzuela, Jorge Restom y Jorgelina Juárez.
La mayoría de estos diputados manifestaron su sorpresa por el tratamiento del proyecto y su negativa a votarlo en el medio del conflicto con docentes.
El proyecto ahora pasó al Senado, que podría tratarlo en su próxima sesión del jueves 1 de junio.
