En Salta la Memoria no hizo cuarentena
Esta mañana, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas marcharon hoy desde Plaza 9 de julio hasta el Portal de la Memoria, a 45 años del golpe cívico-militar, pidiendo justicia por las víctimas de, terrorismo de Estado.
Hoy se cumplió el 45 años aniversario del último golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y dio comienzo a uno de los procesos más oscuros de nuestra historia; una dictadura que se extendió durante más de siete años. En el marco de la jornada de Memoria, Verdad y Justicia, miles de salteños marcharon esta mañana por las calles de la ciudad, pese a la pandemia. La manifestación tuvo como cierre un acto que se desarrolló en el Portal de la Memoria.
La tradicional marcha que se celebra todos los 24 de marzo no se realizó en Plaza de mayo, por estar en pandemia. Sin embargo, la Mesa de Derechos Humanos de Salta decidió que en nuestra ciudad sí habría marcha, tras una manifestación de la oposición al Gobierno de Alberto Fernández, quienes colocaran bolsas mortuorias frente a Casa Rosada con nombres de dirigentes políticos, entre ellos el de Estela de Carlotto. «Es algo que no podemos tolerar», señalaron desde los organismos. Coincidieron en que se trata de sectores que intolerantes y autoritarios y que se debía marchar para repudiarlos.
De hecho, uno de los puntos de encuentro que tuvieron los organismos, y quedó reflejado en el documento conjunto que se leyó en el acto, fue el repudio al negacionismo que volvió a brotar durante el Gobierno de Mauricio Macri, otro de los que fue repudiado en el documento.
La búsqueda de verdad y justicia fue -y todavía lo es- el faro de familiares y organismos de DD.HH desde el regreso de la democracia. En total, en la Argentina ya hay 1025 genocidas condenados por sus hechos durante la dictadura. Sin embargo, muchos de los familiares empiezan a entender que el próximo desafío es avanzar contra los responsables civiles de esa oscura etapa de nuestra historia.
Según indicaron, la complicidad empresarial no aparece lo suficientemente investigada ni sancionada. Y eso queda de manifiesto en nuestro norte argentino: La primera condena a un empresario, fue la de Marcos Levín, pero esta fue dejada sin efecto por Casación Federal en 2017. Ese caso está aun a estudio de la Corte Suprema, que también demora hace más de cinco años la resolución sobre la situación del dueño del Ingenio Ledesma, en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier.
Es por ello que las organizaciones de Derechos Humanos siguen exigiendo “juicio y castigo” para los civiles que participaron de la dictadura y que continúan aún organizados para atacar a la democracia.
