Duro informe sobre la gestión de Marcos Vera en Anses
Tras 30 días de la intervención del organismo nacional en Salta, un lapidario informe da cuenta de varias irregularidades: venta de turnos, retención de documentos, expedientes cajoneados, entre otros. Se realizó una denuncia penal en la Justicia Federal.
La llegada de Fernanda Raverta, directora nacional de Anses, a Salta, hace 30 días, terminó con el pedido de renuncia de quienes estaban a cargo de las oficinas en la provincia, Marcos Vera y Susana Aramayo. Se dispuso una intervención que ahora da cuenta, a través de un lapidario informe, de las irregularidades cometidas.
Se facilitaban turnos pagos para distintos trámites, se derivaban a algunos estudios jurídicos cercanos a la dependencia administrativa de calle Jujuy, a quienes tenían que realizar gestiones.
De acuerdo al informe publicado, en las áreas de administración y prestaciones de ANSES, “se detectó que el personal de la UDAI Salta atendía a apoderados de titulares de derecho sin el correspondiente poder o la autorización para ello”.
Además, se encontró una gran cantidad de documentos de identidad (DNI) originales y partidas de nacimiento, “obrantes en la misma sede, sin que hubiese motivo ni razón alguna de su existencia en la dependencia”, explica.
Por otro lado informaron que se daban turnos excepcionales sin justificación para esos otorgamientos, en tanto se detectó un agente del organismo que “realizaba prácticas preferenciales con algunos estudios jurídicos que se encuentran inmediatos a la dependencia administrativa”.
Además se identificaron agentes de la ANSES Salta que “desalentaban la realización de trámites de carácter personal, es decir sin intermediarios, para favorecer a estos estudios”.
Según el informe, «se procedió al inicio de sumarios administrativos e investigaciones orientadas a esclarecer los hechos ocurridos». Además, sostiene, “20 agentes fueron desafectados, suspendidos, sumariados o reubicados para que no se entorpezcan las investigaciones en curso”.
El organismo informó que se presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de la ciudad de Salta por «la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, defraudación en perjuicio de la Administración Pública y tenencia ilegitima de documento nacional de identidad”.
