COVID: Preocupa la inacción del Gobierno de Salta ante un inminente colapso sanitario

Las cifras alarman a la provincia norteña. Los especialistas alertaron sobre una segunda ola “más peligrosa”. Sin embargo, el Gobierno provincial prioriza las elecciones y posterga las vacunaciones. 

Es alarmante el orden de prioridades de la agenda política del Gobierno de Salta, mientras el país se debate en cómo enfrentar la inminente llagada de una segunda ola de coronavirus, la agenda provincial está enfocada en asuntos que solo atinan a resolver los problemas de un sector de la política, mientras los problemas de los salteños están centrados hace un año en como sortear la pandemia y pensar en cómo encarar el día después.

«Me juzgarán por la cantidad de muertos, no por la cantidad de infectados», había manifestado el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el pasado 12 de julio durante un mensaje a la comunidad salteña.

A ocho meses de aquel anuncio, la Provincia de Salta llegó a los 29.557 infectados y 1.187 los fallecidos víctimas de la pandemia. Además, los registros oficiales arrojan al menos 100 contagios diarios y un preocupante incremento de ocupación en las UTI.

A pesar de que el Gobierno de Salta reconoció el aumento exponencial de casos, no estableció ninguna medida restrictiva y apeló a la “responsabilidad social” para contener la situación. Inclusive no acató las recomendaciones del Gobierno Nacional de volver la administración pública al teletrabajo, a pesar de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), sostuvo advirtió a las provincias que “es ahora el momento de tomar medidas”.

A pesar de que desde la Capital salteña aseguran que aún la situación está controlada, otras localidades como Orán expresaron su preocupación por el avance del virus. Es así que el hospital del segundo departamento más grande de la provincia hoy tiene solo 8 camas disponibles de terapia para Coronavirus, no pueden hacer PCR y la falta de recursos humanos es mayor.

Fuera de sintonía, el Gobierno de la Provincia sigue sin dar respuestas concretas a los profesionales de la salud contratados el año pasado, durante la pandemia, a quienes les adeuda cinco meses de sus haberes. La semana pasada estos profesionales cortaron el acceso a la ciudad en reclamo a esa deuda y por la incertidumbre que viven en cuanto a su futuro laboral porque sus contratos vencen hoy.

Entre jueces, elecciones y vacunas vip

Desde el primer, los intereses de la política estuvieron por encima de las verdaderas necesidades, la que estos tiempos de pandemia y crisis económica demandaban.

Aprovechar la preocupación de los salteños en los temas trascendentes para avanzar en aumentar el número de integrantes de la Corte de Justicia o en una reforma constitucional a medida del requirente, coloca a la administración provincial salteña en un sitial poco deseado y mucho menos necesitado.

Es así que en junio del año pasado, en plena crisis sanitaria provincial, el Gobierno envió los pliegos para cubrir tres vacantes en la Corte de Justicia, lo que le significa a los salteños un gasto de $40 millones anual.

Meses después, el salteño Gustavo Sáenz, que formó parte del grupo de gobernadores que le reclamaron enérgicamente al Presidente la supresión de las primarias de agosto, resolvió adelantar los comicios locales para el 4 de julio, en pleno invierno y, probablemente, en medio de la segunda ola de coronavirus en el país.

Luego del escandalo nacional que significo el apartamiento del ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzales García por el vacunatorio vip, La Linda se puso en sintonía por primera vez con Nación y se conoció que también existió un vacunatorio en la que fueron beneficiados secretarios de estado y funcionarios de segunda y tercera línea.

Ninguno de ellos tuvo la suerte de Ginés, todo lo contrario, hoy mantienen sus cargos dentro de las filas del saencismo.

Respecto al calendario de vacunación para mayores de 70 que se venía realizando en la provincia, en los últimos días se vio interrumpida la segunda dosis y reprogramada “para más adelante”.

Muchos de los que ya habían sido inoculados, vieron con sorpresa e indignación la reprogramación de la segunda dosis correspondiente según los establece la OMS.

Durante los últimos días, una ONG realizó un informe sobre el uso de recursos públicos durante la pandemia y cuestionó al Gobierno de Salta por no haber llamado a licitaciones y haber adquirido barbijos por $646, cuando en el mercado cuesta $72.

Queda claro que en Salta, las prioridades de la política no son las de la gente.

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