Chau al acuerdo: ahora las Carmelitas piden registro prontuarial de Cargnello

Tras la denuncia por violencia de género y su posterior acuerdo, los abogados de las monjas realizaron una nueva presentación ante la justicia. 

Cuando todo parecía que la denuncia por violencia de género que las Carmelitas Descalzas le habían interpuesto al Arzobispo Mario Antonio Cargnello (que todavía se encuentra en Roma) y tres sacerdotes más, los letrados representantes de las religiosas realizaron durante las últimas horas una presentación ante la justicia.

En esta nueva presentación solicitaron el registro prontuarial de los denunciados, además de un resarcimiento, la correspondiente capacitación de los denunciados en la Ley Micaela y la notificación a la Santa Sede, sobre la existencia de hechos de violencia.

Según se conoció, el acuerdo alcanzado, en el que intervino un Delegado del Vaticano, no fue homologado ante la justicia. Esa era la estrategia a la que apuntaba la defensa de Cargnello y de los otros sacerdotes.

Diario La Nación logró acceder a la dura presentación que interpusieron los abogados de las monjas, la cual “hace referencia a patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia”.

La presentación además hace hincapié en que “la conducta de los denunciados debe ser sancionada, reparada y prevenida a través de las medidas compensatorias no económicas solicitadas en este libelo a fin de que los agresores no sean protegidos por la investidura que detentan”.

El medio de tirada nacional detalla que “el escrito repasa los conceptos de violencia de género para la jurisprudencia y enfatiza la desigualdad de poder como elemento neurálgico de todos los hechos de violencia investigados”.

Menciona, por ejemplo, que Mario Cargnello “pudo durante años realizar actos de violencia psicológica, porque sabía que las hermanas carmelitas callaban”. Luego describen nuevamente los hechos que aparecen en la denuncia original. Cabe recordar que la denuncia se extiende también al obispo visitador del convento Martín De Elizalde; al cura ayudante de la Catedral, Lucio Ajalla; y a Sancristóval Loyola Pinto, vicario judicial.

Otro punto del texto pide comunicar a la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica de la República Argentina, que “han existido hechos de violencia económica, psicológica y física” por parte de los denunciados, “a fin de que se arbitren los medios para que dichas conductas no se repitan hacia adelante y, además, ello sea considerado a los fines de los roles presentes y futuros que tales personas tienen y/o pudieran tener en el seno de la Iglesia”

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