Aseguran que más de cuatro mil integrantes de comunidades wichi no tienen acceso al agua
Según un relevamiento de organizaciones sociales, en la actualidad hay 18 comunidades con graves dificultades para tener agua potable. En total suman 400 niños y niñas con ese derecho vulnerado.
Un relevamiento que realizaron desde las organizaciones Pata Pila y ACIJ, integrantes de la coalición “Infancia en Deuda” señala que actualmente hay por lo menos 18 comunidades originarias con gravísimas dificultades para acceder al agua, que afectan los derechos de aproximadamente 4.000 personas, de las cuales 400 son niñas y niños.
La investigación, “Acceso al agua en comunidades indígenas y criollas del municipio de Rivadavia Banda Norte”, que consistió en encuentros, visitas al territorio y entrevistas en las comunidades ubicadas entre Los Blancos y Capitán Page de la Ruta Provincial N°81, evidencia las numerosas dificultades que atraviesan niñas y niños de los pueblos originarios en el norte salteño.
La crisis hídrica se encuentra totalmente extendida: ninguna de las 9 comunidades visitadas cuenta con red de agua. Solamente existe un proyecto para llevar la infraestructura a 3 de ellas y sufre demoras injustificadas de forma constante. Acceden al agua apta para consumo humano mediante camiones cisterna una vez a la semana o cada quince días.
Esta situación es irregular e insuficiente y la seguridad del agua se encuentra comprometida, vulnerando las normas del Código Alimentario Argentino.
Las personas de las comunidades señalaron de manera uniforme que el agua que reciben tiene elevados niveles de arsénico, es salada, y produce enfermedades derivadas de su consumo, como diarrea e hinchazón abdominal.
Además de las comunidades mencionadas en el informe, se pusieron en contacto con las organizaciones de otras 9 de diversas zonas de los tres departamentos declarados en emergencia sociosanitaria.
Desde allí denuncian situaciones similares a las anteriores: falta de todo tipo de infraestructura hídrica, insuficiencia de la provisión de emergencia que brinda el Estado de forma irregular e incumplimiento de las obras comprometidas.
